Resumen.
Cuando el Congreso aprobó apresuradamente la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, tenía en mente combatir el fraude, mejorar la fiabilidad de los informes financieros y restablecer la confianza de los inversores. Es comprensible que la mayoría de los ejecutivos se pregunten por qué deberían estar sujetos a las mismas cargas de cumplimiento que los que habían sido negligentes o deshonestos. Las empresas más pequeñas, en particular, se quejaron de la monopolización del tiempo y los costes de los ejecutivos, que ascendieron a millones de dólares.