Arreglar la política estadounidense

La idea en breve El problema Aunque la gente tiende a pensar que el sistema político estadounidense es una institución pública basada en principios elevados, no es así. La política se comporta según los mismos tipos de incentivos y fuerzas que configuran la competencia en cualquier industria privada. Ganadores y perdedores Nuestras elecciones y nuestros sistemas legislativos se ahogan en una competencia malsana: El duopolio atrincherado -los republicanos y los demócratas- gana, y el interés público pierde. La solución Podemos tener una competencia sana en política -resultados, innovación y responsabilidad- rediseñando la forma en que votamos para vincular la actuación en interés público con la obtención de la reelección. Lo llamamos política de libre mercado. En medio del partidismo y el bloqueo sin precedentes de Washington, DC, el Congreso parece enzarzado en una batalla permanente, incapaz de ofrecer resultados. A muchos estadounidenses -y al resto del mundo- les parece que nuestro sistema político es tan irracional y disfuncional que no tiene arreglo. Es cierto que republicanos y demócratas han aprobado recientemente importantes leyes destinadas a estabilizar una economía asolada por los efectos de la pandemia del Covid-19 . Pero esto no debe confundirse con una señal alentadora sobre el propio sistema político. De hecho, refleja un patrón familiar: Una apariencia de bipartidismo surge en una crisis nacional, cuando los dos partidos temen una destrucción electoral mutuamente asegurada si no consiguen hacer algo. Acuerdan una respuesta de emergencia y pregonan públicamente su éxito, incluso mientras acuerdan en voz baja trasladar el coste a las generaciones futuras. Cuando la crisis de hoy se calme, el Congreso volverá a las maniobras políticas habituales que no consiguen resolver nuestros muchos otros retos actuales ni prevenir crisis futuras. No tiene por qué ser así. Existen soluciones poderosas -con las que quizá no esté familiarizado- que pueden aplicarse en años, no en décadas. En nuestro nuevo libro, La industria de la política: Cómo la innovación política puede romper el estancamiento partidista y salvar nuestra democracia, descartamos la concepción convencional de la política estadounidense. El problema no es específicamente un problema de políticos, de política o de polarización: es un problema de sistemas. Lejos de estar "roto", nuestro sistema político está haciendo precisamente aquello para lo que fue diseñado. No se construyó para ofrecer resultados en interés público ni para fomentar la innovación política, ni tampoco exige responsabilidades por no hacerlo. En su lugar, la mayoría de las normas que configuran el comportamiento y los resultados cotidianos han sido perversamente optimizadas -o incluso expresamente creadas- por y para el beneficio del atrincherado duopolio que ocupa el centro de nuestro sistema político: los demócratas y los republicanos (y los actores que los rodean), lo que colectivamente llamamos el complejo político-industrial. Basándonos en el desarrollo pionero de la teoría de la industria política de Katherine y en décadas de liderazgo empresarial, y en la erudición seminal de Michael sobre la competencia, hemos llegado a cinco conclusiones clave sobre la naturaleza de la política estadounidense y los remedios para sus disfunciones: Aunque la gente tiende a pensar que el sistema político estadounidense es una institución pública basada en principios elevados y en estructuras y prácticas imparciales derivadas de la Constitución, no es así. La política se comporta según los mismos tipos de incentivos y fuerzas que configuran la competencia en cualquier industria privada. Las disfunciones de la industria política se perpetúan por una competencia malsana y unas barreras de entrada que aseguran la posición del duopolio independientemente de los resultados. Nuestro sistema político no se corregirá a sí mismo. No existen fuerzas compensatorias ni reguladores independientes y con poder para restablecer una competencia sana. Ciertos cambios estratégicos en las reglas del juego electoral y legislativo alterarían los incentivos de forma que crearían una competencia sana, innovación y responsabilidad. Las empresas, al perseguir sus intereses a corto plazo, se han convertido en uno de los principales participantes del complejo político-industrial, exacerbando su disfunción. La comunidad empresarial debe reexaminar su modelo de compromiso y arrojar su peso detrás de la innovación política estructural que beneficiaría tanto a las empresas como a la sociedad a largo plazo. Competencia malsana Para examinar cómo funciona el sistema actual, aplicamos el marco de las Cinco Fuerzas desarrollado originalmente para explicar la estructura de la industria y sus efectos sobre la competencia en las industrias con ánimo de lucro. Este marco ilumina las causas profundas de la disfunción política y señala las palancas más poderosas para la transformación. La industria política está impulsada por las mismas cinco fuerzas que configuran la competencia en cualquier industria: la naturaleza y la intensidad de la rivalidad, el poder de los compradores, el poder de los proveedores, la amenaza de nuevos participantes y la presión de los sustitutos que compiten de nuevas formas. Las relaciones dinámicas entre estas fuerzas determinan la naturaleza de la competencia industrial, el valor creado por la industria y quién tiene el poder de capturar ese valor. Una competencia sana en una industria es una situación en la que todos ganan. Los rivales compiten ferozmente para satisfacer mejor las necesidades de los clientes. Los canales para llegar a los clientes refuerzan la competencia sana educando a los clientes y presionando a los rivales para que produzcan mejores productos y servicios. Los proveedores compiten para proporcionar mejores insumos que permitan a los rivales mejorar sus productos y servicios. Los nuevos competidores y los sustitutos promueven la innovación y agitan la competencia existente, siempre que no se vean frenados por altas barreras de entrada. Los clientes tienen el poder de penalizar a los rivales por sus malos productos y servicios llevándose su negocio a otra parte. En las industrias sanas, a los rivales les va bien mientras los clientes estén satisfechos. En la industria política no tenemos este tipo de competencia sana, sino todo lo contrario. La competencia tiene lugar en dos niveles clave: la competencia para ganar las elecciones y la competencia para aprobar (o bloquear) la legislación. Nuestras elecciones y nuestra legislación se ahogan en una competencia malsana en la que todos ganan y todos pierden: El duopolio gana y el interés público pierde. Este trágico resultado es consecuencia de la estructura de la industria política. Robert James La aplicación de las Cinco Fuerzas a la política revela los problemas clave. Los rivales (los demócratas y los republicanos) han atrincherado su duopolio de modo que les va bien aunque los clientes a los que deberían servir (los ciudadanos y los votantes) estén profundamente insatisfechos. Los rivales se diferencian dividiendo a los votantes según sus intereses ideológicos y partidistas. Se dirigen a grupos mutuamente excluyentes de partidarios e intereses especiales con el fin de minimizar el solapamiento de los clientes principales. Esta división aumenta la fidelidad de los clientes y reduce la responsabilidad. Cada uno compite para reforzar la división demonizando al otro bando en lugar de ofrecer soluciones prácticas que muy probablemente requerirían un compromiso. Los canales (cobertura mediática, publicidad, participación directa de los votantes) y los proveedores (candidatos, grupos de presión, tiendas de datos electorales) se han visto comprometidos y cooptados para servir a la agenda del duopolio. Y la mayoría de los clientes tienen una influencia muy limitada, en gran parte porque los sustitutos y los nuevos competidores han sido bloqueados eficazmente. Las barreras de entrada a las que se enfrentan los nuevos competidores (como un nuevo partido político) o los sustitutos (como los independientes) son colosales, y el duopolio coopera para reforzar esas barreras siempre que es posible. Por ejemplo, para mantener a raya a los nuevos competidores, el duopolio creó unas normas de recaudación de fondos que permiten a un único donante aportar 855.000 dólares anuales a un partido político nacional (demócratas, republicanos o ambos), pero sólo 5.600 dólares por ciclo electoral -cada dos años- a un comité de candidatos independientes. No ha surgido ningún partido político nuevo importante desde 1854, cuando los whigs antiesclavistas se separaron y formaron el Partido Republicano. El Partido Progresista (1912) y el Partido Reformista (1995) fueron esfuerzos serios, pero sólo consiguieron elegir a unos pocos candidatos y se disolvieron en una década. A pesar del descontento generalizado y creciente con los partidos existentes, a los terceros partidos contemporáneos les sigue yendo mal, al igual que a los independientes, aunque hay más ciudadanos que se identifican como independientes que como demócratas o republicanos. La maquinaria de la política En la industria de la política, las mayores barreras de entrada -y por tanto de buenos resultados políticos- son estructuras y prácticas que nos parecen perfectamente normales porque "siempre han sido así". Entre ellas se incluyen las primarias de los partidos, el voto por pluralidad y un proceso legislativo controlado por los partidos. Utilizamos los términos "maquinaria electoral" y "maquinaria legislativa" para referirnos a normas, estructuras y prácticas específicas de los procesos electorales y legislativos. Juntas, producen malos resultados para los ciudadanos con la misma fiabilidad que las máquinas bien engrasadas de una fábrica. Para producir resultados que sean de interés público y garantizar la responsabilidad por esos resultados, necesitamos rediseñar tanto la maquinaria electoral como la legislativa. Maquinaria electoral. Las dos características de la maquinaria electoral que más culpa tienen de la insana competición actual son las primarias de los partidos y el voto por pluralidad. Para más del 80% de los escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, las primarias del partido son la única elección que importa, porque en las elecciones generales el escaño es "seguro" para un partido, independientemente de quién sea el candidato. (Por ejemplo, un demócrata está casi seguro de ganar en la mayoría de los distritos "azules" de Massachusetts, y un republicano en la mayoría de los distritos "rojos" de Indiana). Dado que la pequeña proporción de votantes que participa en las primarias al Congreso (a menudo muy por debajo del 20% en las elecciones de mitad de mandato) tiende a ser más ideológica que los votantes en general, las primarias obligan de hecho a los candidatos de ambos bandos a alejarse del centro. No es, sin embargo, una división ideológica per se lo que crea el mayor problema para el país. Es la forma en que las primarias de un partido afectan al comportamiento legislativo. Cuando los miembros del Congreso consideran un proyecto de ley de compromiso bipartidista que representa una solución eficaz a un problema importante -una sanidad inasequible, una deuda nacional disparada, el cambio climático-, su principal preocupación debe ser si sobrevivirán a las próximas primarias de su partido si votan que sí. Si piensan que apoyar el proyecto de ley de compromiso condenará sus posibilidades -y en nuestros problemas más importantes, en ambos bandos, casi siempre es así-, entonces el incentivo racional de ser reelegidos les dicta que voten no. Esto hace que sea prácticamente imposible que los dos bandos se unan para resolver problemas difíciles. Las primarias de los partidos crean un "ojo de la aguja" por el que no puede pasar ningún político capaz de resolver problemas. Por lo tanto, nuestros procesos políticos no consiguen resultados que beneficien al interés público. No hay rendición de cuentas por este fracaso porque no existe la amenaza de una nueva competencia. Tenemos que agradecer al voto pluralista la falta de nuevos competidores. Cuando los Padres Fundadores diseñaron nuestro sistema, tenían pocos ejemplos de elecciones democráticas en los que fijarse, así que tomaron prestado el concepto de Gran Bretaña: El ganador es la persona que obtiene el mayor número de votos, pero no necesariamente la mayoría. Por ejemplo, un candidato puede ganar con el 34% en una carrera a tres bandas, lo que significa que el 66% de los votantes preferían a otra persona. Casi 250 años después, está claro que el voto plural dista mucho de ser óptimo. Crea el anticompetitivo "efecto aguafiestas", en el que un candidato con pocas probabilidades de ganar resta suficientes votos a un candidato ideológicamente similar considerado con más probabilidades de ganar. Los votos para el candidato con pocas probabilidades "estropean" la carrera para el candidato más fuerte y, por lo tanto, contribuyen inadvertidamente a la elección de un oponente ideológico. En cualquier otra industria grande y atractiva con tanta insatisfacción de los clientes, entrarían nuevos competidores en el mercado. Eso no ocurre en la política porque la amenaza del efecto aguafiestas (y el miedo relacionado a los "votos desperdiciados") suprime tanto la nueva competencia como las ideas políticas innovadoras. Las cinco fuerzas de la industria política La política estadounidense no funciona como una institución pública sino como una industria privada, que se comporta según los mismos tipos de incentivos y fuerzas que configuran la competencia en cualquier otra industria. Recordemos el despiadado clamor de los demócratas en la primavera de 2019 cuando el antiguo CEO de Starbucks, Howard Schultz, anunció que estaba considerando presentarse como candidato independiente a la presidencia. Los demócratas aplastaron efectivamente su candidatura, preocupados de que pudiera restar suficientes votos al eventual candidato demócrata para entregar las elecciones de 2020 a Donald Trump. Los republicanos habrían respondido de la misma manera a cualquier aspirante que pensaran que podría desviar una cantidad significativa de votos de Trump. No importa si usted piensa que Howard Schultz o cualquier otro aspirante potencial sería un gran presidente o no. Hay algo intrínsecamente malsano en un sistema en el que se considera problemático que compitan personas con más talento y éxito. Maquinaria legislativa. En la industria política, la competencia no sólo existe para ganar elecciones, sino también para elaborar y aprobar (o bloquear) la legislación. Si un candidato supera las primarias de un partido, gana al menos una pluralidad en las elecciones generales y se dirige a Washington, le espera un proceso legislativo partidista. La elaboración de leyes en el Congreso tiene lugar bajo un poderoso conjunto de reglas creadas por los partidos que dan prioridad a los intereses del complejo político-industrial. Los presidentes y los miembros de los comités están controlados por los líderes de los partidos, y el presidente de la Cámara, que controla la agenda legislativa, tiene el poder de bloquear él solo la votación de casi cualquier proyecto de ley por cualquier motivo, incluso los que cuentan con el apoyo de la mayoría de la Cámara. El producto final de esta cadena de montaje legislativo partidista son leyes ideológicas, desequilibradas e insostenibles aprobadas por un partido frente a la oposición del otro. El cambio en el control partidista del Congreso trae consigo promesas de "derogar y sustituir" en lugar de "aplicar y mejorar". Más a menudo, el resultado es el bloqueo y la inacción. La alarmante implicación es que, en lugar de llegar al otro lado del pasillo para solucionar los problemas, a menudo es más valioso políticamente dejar sin resolver los problemas nacionales que causan divisiones, y seguir atrayendo a la base sobre esas divisiones ideológicas. No siempre ha sido así. La legislación histórica, como la reforma de los derechos civiles y de la asistencia social, contó históricamente con apoyo bipartidista; en los últimos años, los pocos intentos exitosos de aprobar leyes importantes, como la Ley de Asistencia Asequible de 2010 y la Ley de Recortes Fiscales y Empleos de 2017, no han tenido ninguno. Hoy en día, la acción bipartidista sólo se produce en una crisis, cuando ambas partes pueden conseguir algo que desean y acuerdan tácitamente añadir la factura a la deuda nacional. Con su dominio sobre las elecciones y la maquinaria legislativa, la industria política adopta la postura de que menos competencia es mejor para los ciudadanos (los clientes). Como resultado de estas corrupciones de las normas electorales y legislativas, prácticamente no hay intersección entre que un funcionario electo actúe en interés público y que tenga muchas probabilidades de ser reelegido. Cómo afecta la competencia a los resultados En el sistema actual, si nuestros congresistas hacen su trabajo actuando en interés público, es probable que pierdan esos puestos. La reingeniería de las elecciones con la votación final a cinco incentivaría a los cargos electos a servir al interés público y les haría responsables de hacerlo. Los líderes empresariales pueden reconocer que esto es irracional e indefendible incluso cuando hacen la vista gorda ante el papel que desempeñan sus propias empresas, no sólo perpetuando pasivamente un sistema insano sino también buscando activamente beneficiarse de él. Esto debe cambiar. Nuestra mentalidad colectiva debe cambiar, y las empresas deben analizar en profundidad su papel en la política actual. El papel de las empresas Los tentáculos del complejo político-industrial llegan hasta lo más profundo de nuestra comunidad empresarial, y viceversa. La mezcla de intereses empresariales y políticos a lo largo del tiempo puede hacer difícil distinguir a qué interés se está sirviendo. Las normas y costumbres actuales facultan a las empresas para participar intensamente en la política de múltiples maneras, desde los grupos de presión y la contratación de antiguos funcionarios gubernamentales hasta el gasto destinado a influir en las elecciones y las iniciativas electorales. Muchos ejecutivos creen que estas prácticas son naturales, necesarias y rentables. Sin embargo, nuestras investigaciones e interacciones con líderes empresariales de todo el país revelan indicios de un cambio de actitud. A medida que crecen las expectativas de que las empresas operen con un propósito corporativo que beneficie a todos los stakeholder, los líderes empresariales empiezan a enfrentarse a preguntas difíciles: ¿La implicación de las empresas en la política mejora el entorno empresarial o lo empeora? ¿La implicación de las empresas hace avanzar nuestra democracia -y consigue el apoyo público para nuestro sistema económico de libre mercado- o erosiona ambos? ¿Pueden las empresas cambiar su implicación para promover el beneficio social a largo plazo sin poner en peligro los intereses corporativos? La implicación política puede beneficiar a las empresas a corto plazo; esto se describe a menudo como pensamiento único. Pero al permitir una competencia política malsana, las empresas están socavando el entorno empresarial a largo plazo, poniendo en peligro el sistema económico de libre mercado de Estados Unidos. ¿Qué aspecto tiene hoy en día la participación de las empresas en la política? ¿Cuál es su impacto y cómo se alinea con los intereses y valores de la empresa? Examinemos las formas más comunes. Grupos de presión. Con casi 3.000 millones de dólares, el gasto de las empresas representó el 87% del total de los gastos en grupos de presión federales declarados en 2019. Si añadimos las actividades de "lobbying en la sombra" no declaradas, esa cantidad se duplica hasta los 6.000 millones de dólares. Los gastos de los grupos de presión a nivel estatal también son significativos. A menudo, las empresas se ven ricamente recompensadas por sus gastos. Considere los esfuerzos de la industria farmacéutica durante la crisis de los opioides. Desde finales de la década de 1990 hasta 2017, los grupos de ciudadanos gastaron un total de 4 millones de dólares en presionar para que se impusieran restricciones más estrictas a la venta de analgésicos adictivos. Los fabricantes de medicamentos, mientras tanto, montaron una estrategia electoral y de presión en 50 estados, gastando más de 740 millones de dólares para eliminar o debilitar las normativas federales y estatales sobre opioides. Como suele ocurrir, gran parte de esta financiación se canalizó a través de asociaciones de la industria y otros terceros no sujetos a las normas de información pública. Por desgracia, los esfuerzos de las farmacéuticas tuvieron éxito. Los ingresos corporativos se dispararon, mientras que más de 200.000 estadounidenses murieron por sobredosis de opiáceos. Contratación de antiguos funcionarios del gobierno. Casi la mitad de los grupos de presión registrados son antiguos funcionarios del gobierno. Muchos de ellos están empleados por empresas que los contratan directamente, como personal corporativo, o indirectamente, a través de empresas de cabildeo. Y muchos más (aproximadamente la mitad) de los antiguos funcionarios del gobierno que trabajan como grupos de presión han evitado registrarse como tales, aprovechando las lagunas de información establecidas por el duopolio. La prevalencia de esta práctica de contratación, a menudo denominada puerta giratoria, indica lo eficaz que les resulta a las empresas. Y los funcionarios del gobierno son muy conscientes de que pueden tener oportunidades de trabajar como grupos de presión bien remunerados después de dejar la función pública, por lo que tratan de establecer buenas relaciones tanto con las empresas como con los grupos de presión mientras siguen en el cargo, lo que puede influir en sus perspectivas políticas. La infiltración de los intereses empresariales en el gobierno también funciona a la inversa, cuando antiguos miembros de grupos de presión y líderes empresariales reciben nombramientos gubernamentales. En marzo de 2019, más de 350 antiguos miembros de grupos de presión trabajaban en todos los niveles del gobierno federal. Por ejemplo, un antiguo lobista de la industria del carbón dirige ahora la Agencia de Protección Medioambiental, y en consonancia con los intereses corporativos que defendió como lobista, ha actuado para debilitar drásticamente dos importantes iniciativas sobre el cambio climático. Gasto en elecciones. Las contribuciones empresariales a las campañas electorales federales en 2018 se estimaron en 2.800 millones de dólares, un notable 66% del total. Para asegurarse influencia a ambos lados del pasillo, las empresas suelen apoyar a las organizaciones de campaña y a los candidatos de ambos partidos. El gasto se ha canalizado históricamente a través de comités de acción política corporativa (PAC) regulados que están sujetos a límites de gasto y requisitos de divulgación. Hoy en día, las empresas donan cada vez más a grupos de terceros, como asociaciones empresariales y comerciales, que pueden gastar cantidades ilimitadas para influir en las elecciones sin tener que revelar sus donantes. Esta financiación, conocida como "dinero oscuro", ascendió a casi 1.000 millones de dólares en la última década, frente a los 129 millones de la década anterior. La Cámara de Comercio de Estados Unidos es la que más dinero oscuro gasta en el país. Influir en la democracia directa. Las iniciativas electorales a nivel estatal y local están diseñadas para eludir a los políticos y colocar la legislación propuesta directamente en la papeleta para su votación. Pero incluso la democracia directa, como suele denominarse, no está libre de la participación política de las empresas. Un estudio de ocho iniciativas electorales estatales de alto perfil en 2016 descubrió que las corporaciones gastaron más que las entidades no empresariales por un margen de 10 a uno. Y un estudio del ciclo electoral de 2018 descubrió que de las medidas electorales que atrajeron más de 5 millones de dólares en gastos, casi nueve de cada 10 se decidieron a favor del bando con más dinero. Un ejemplo es la Ley de Alivio del Precio de los Medicamentos de California de 2016, una medida electoral destinada a reducir los precios de los medicamentos recetados en Estados Unidos para igualarlos a los que pagan otros países por el mismo medicamento. Mientras que los grupos de ciudadanos recaudaron 10 millones de dólares en apoyo de la ley, las compañías farmacéuticas gastaron más de 100 millones de dólares en oponerse a ella. La medida fue derrotada. Implicar a los empleados en actividades políticas. Muchas empresas también animan a sus empleados a votar y hacer donaciones a candidatos o causas favorecidas por la empresa. Otras les animan a escribir a los miembros del Congreso en apoyo de la legislación favorecida por la empresa. En una encuesta nacional, alrededor de una cuarta parte de los trabajadores declararon que su empleador se había puesto en contacto con ellos para tratar asuntos políticos, y otras encuestas han verificado que esa actividad de los empleadores es habitual. Algunas empresas celebran reuniones obligatorias con los empleados para promover sus puntos de vista políticos o proporcionan guías para el votante sobre candidatos o políticas favorecidos. Una empresa de la lista Fortune 500, por ejemplo, animó a sus miles de empleados a seguir en casa un curso de educación cívica que argumenta contra la regulación gubernamental y los impuestos. Otras tácticas incluyen la distribución de folletos políticos en los sobres de las nóminas de los empleados y la oferta de incentivos como el reconocimiento y plazas de aparcamiento preferentes para los empleados que hagan donaciones al PAC corporativo. Sin embargo, una encuesta que realizamos entre el público en general reveló que sólo el 21% de los encuestados consideraba aceptable que las empresas influyeran en el voto y las donaciones políticas de los empleados. Falta de transparencia y gobernanza. Al mismo tiempo, muchas empresas no revelan -o incluso ocultan activamente- sus gastos corporativos de cabildeo y relacionados con las elecciones, lo que hace difícil saber qué legisladores y legislación apoyan o a qué legislación se oponen y en qué normativas esperan influir. Los eficaces esfuerzos de los grupos de presión y los legisladores cómplices han mantenido la divulgación fuera de la mesa. En 2015, las normas propuestas por la SEC para aumentar la transparencia del gasto político de las empresas públicas se echaron por tierra tras la intervención de los republicanos del Congreso. El gasto político tampoco suele estar sujeto a la supervisión del consejo de administración, lo que ha dado lugar a muchos ejemplos de gasto político de las empresas que es incoherente con las políticas declaradas de la empresa. Impactos del modelo actual Para explorar el pensamiento actual de los líderes empresariales sobre la implicación política, realizamos una encuesta en 2019 a 5.000 antiguos alumnos de la Harvard Business School, muchos de los cuales ocupan ahora puestos de liderazgo. Cuando se les preguntó por el impacto general de la participación empresarial en política, casi la mitad de los encuestados dijeron que mejoraba los resultados de las empresas. Pero sólo el 24% dijo que mejoraba el sistema político (por ejemplo, proporcionando información necesaria al gobierno), y más de la mitad dijo que las empresas degradaban el sistema político al reforzar el partidismo y favorecer los intereses especiales de las empresas. A la pregunta de si la participación de las empresas en la política mejora la confianza pública en las empresas, el 69% respondió que no. Nuestra encuesta también reveló una comprensión sorprendentemente desigual entre los encuestados de las prácticas políticas de sus propias empresas. Un porcentaje significativo respondió a las preguntas de la encuesta como "no aplicable", "ni de acuerdo ni en desacuerdo" o "no lo sé". Esta aparente falta de conocimiento puede reflejar una cultura no escrita de "no preguntar, no decir" que algunas empresas favorecen en torno a las prácticas de los grupos de presión y otras actividades políticas. Erosión del entorno empresarial. La implicación política de las empresas se centra principalmente en influir en las políticas económicas, los reglamentos y la aplicación de la normativa de forma que beneficien a determinadas industrias, favorezcan ciertas tecnologías o favorezcan a unas empresas frente a otras. Esfuerzos de interés especial como éstos pueden aumentar los beneficios pero, por lo general, no promueven el interés público ni mejoran la economía en general. Durante décadas, la industria política ha fracasado a la hora de abordar los principales retos del entorno empresarial estadounidense. Por ejemplo, el Congreso aún no ha creado un plan para restaurar la obsoleta e ineficiente infraestructura física de Estados Unidos. Todavía no existe una política de inmigración coherente, especialmente para los inmigrantes cualificados, que son cruciales para las empresas y han sido históricamente una clave de la competitividad estadounidense. Distorsionar los mercados y socavar la competencia abierta. Los grupos de presión empresariales sobre la política antimonopolio perjudican una competencia sana. En busca de una competencia vigorosa, Estados Unidos ha promulgado históricamente las normas antimonopolio más estrictas del mundo. Las fusiones y adquisiciones en un mismo sector, que por definición reducen el número de competidores y normalmente la intensidad de la rivalidad en un sector y por lo tanto aumentan los precios, han recibido durante mucho tiempo un escrutinio particular. En los últimos años, sin embargo, la laxa interpretación y aplicación de las normas antimonopolio ha dado lugar a un número sin precedentes de fusiones industriales en Estados Unidos. Hoy en día, a menudo se considera que Europa tiene unas normas antimonopolio más estrictas que las de Estados Unidos, un cambio asombroso que debilita una ventaja crucial de Estados Unidos. ¿Por qué se han debilitado las normas antimonopolio? Una razón importante es el cabildeo empresarial. Un estudio reciente descubrió que cuando se duplican los gastos de los grupos de presión dirigidos al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio, el número de acciones de aplicación de las normas antimonopolio en una industria concreta cae un 9%, un efecto considerable según los investigadores. Dichos grupos de presión casi se triplicaron entre 1998 y 2008. Un ejemplo contemporáneo destacado de la influencia potencial de las empresas sobre las normas antimonopolio se encuentra en la gran tecnología, donde las mayores empresas tecnológicas del país -Facebook, Amazon, Apple y Alphabet- están siendo investigadas en materia antimonopolio. Desde 2008, sólo esas empresas han gastado más de 330 millones de dólares en grupos de presión federales, siendo el antimonopolio uno de sus principales objetivos. Erosión del rendimiento social. Las empresas rara vez han aportado su peso e influencia para impulsar las mejoras sociales que tanto necesita nuestra nación. En los últimos 15 años, apenas se han logrado avances sustanciales en prioridades cruciales de la política social como la educación pública de calidad, el agua potable y el saneamiento, la reducción de la violencia con armas de fuego, la mejora de la vivienda y otras que analizamos en el Informe sobre Competitividad de EE.UU. de la Harvard Business School de diciembre de 2019. Al potenciar el partidismo y habilitar obstáculos para una competencia sana, las corporaciones han socavado aún más el rendimiento de nuestro sistema político. Sin embargo, puede que nos estemos acercando a un punto de inflexión, ya que las empresas comparten cada vez más la frustración de los votantes ante la incapacidad del duopolio para ofrecer una política sólida. En ausencia tanto de una regulación independiente del complejo político-industrial como de una nueva competencia, las empresas están en posición de servir como una poderosa fuerza para un cambio significativo, apoyando, junto con los ciudadanos, importantes innovaciones en la maquinaria electoral y legislativa y reimaginando su propio papel en el sistema político. El imperativo de la innovación política Los Fundadores y los Framers no pretendían conocer todos los detalles sobre cómo tendría que funcionar nuestro gobierno. Tuvieron cuidado, en nuestra extraordinaria Constitución, de prever enmiendas y de delegar la mayor parte del poder de la maquinaria electoral a los estados y de la maquinaria legislativa al Congreso. Thomas Jefferson observó la oportunidad que esto creaba, escribiendo que a medida que las circunstancias cambian, nuestras "instituciones deben avanzar también y seguir el ritmo de los tiempos." En la actualidad, la mayoría de los esfuerzos por salvar nuestra democracia giran en torno a una larga lista de reformas, desde la reducción del dinero en la política hasta la institución de límites a los mandatos. Respaldamos algunos elementos de la popular agenda de reformas, pero muchas de sus propuestas o bien no abordan las causas profundas de los problemas sistémicos, o no son viables, o ambas cosas. En resumidas cuentas: No supondrán una diferencia significativa en los resultados que ofrece el sistema, así que debemos centrarnos en otra cosa. Robert James Sobre el arte: Robert James documentó los restos de Presidents Park, una atracción turística fallida. Los 43 bustos desmoronados de antiguos presidentes, cada uno de 18 a 20 pies de altura, se alzan ahora en una granja familiar en Croaker, Virginia. Una innovación eficaz en política debe ser a la vez poderosa y realizable. Las innovaciones poderosas son las que abordan las causas profundas de la disfunción e incentivan a los actores políticos para que ofrezcan resultados en beneficio del interés público. Las innovaciones realizables son las que son intransigentemente apartidistas (nada de "reformas" que sirvan de caballo de Troya para obtener ventajas partidistas) y pueden lograrse en años, no en décadas. Las enmiendas constitucionales, por ejemplo, no superan este listón. Las innovaciones más poderosas y realizables para nuestro sistema político pasan por una reingeniería de la maquinaria electoral y legislativa. Innovación de la maquinaria electoral. Para crear un ethos de resolución de problemas en el Congreso, proponemos un nuevo enfoque para las elecciones al Congreso: La votación de los cinco primeros, que (1) sustituiría las primarias cerradas de los partidos por primarias abiertas, no partidistas, en las que los cinco primeros clasificados pasan a las elecciones generales, y (2) sustituiría la votación por pluralidad por la votación por orden de preferencia en las elecciones generales. En unas primarias entre los cinco primeros, los votantes ya no emiten su voto en unas primarias demócratas o en unas primarias republicanas. En su lugar, una única primaria no partidista está abierta a todo el mundo, independientemente de su inscripción en el partido (a diferencia de las normas actuales de muchos estados que limitan la participación en las primarias a los miembros inscritos del partido). Todos los candidatos de cualquier partido, así como los independientes, aparecen en la misma papeleta. Los cinco primeros clasificados, independientemente de su afiliación partidista, pasan a las elecciones generales. En lugar de que un demócrata y un republicano se enfrenten en un mano a mano en noviembre, como es habitual hoy en día, las elecciones generales se convierten en una contienda entre, digamos, tres republicanos y dos demócratas; o un republicano, un demócrata y tres independientes; y así sucesivamente. Las primarias entre los cinco primeros crean una nueva forma de determinar quién llega a competir y establecen un campo competitivo más amplio de candidatos para las elecciones generales. A continuación, se instituye elvoto por orden de preferencia en las elecciones generales. Con la elección por orden de preferencia, los candidatos deben recibir un apoyo mayoritario para ganar las elecciones. Imagine, por ejemplo, unas hipotéticas elecciones entre nuestros Padres Fundadores (y una Madre Fundadora). Cuando llega al colegio electoral, recibe una papeleta con los nombres de hasta cinco ganadores de las primarias. Como ocurre hoy en día, usted elige a su favorito -digamos, Alexander Hamilton. Pero también puede hacer una segunda elección (Abigail Adams), y una tercera, cuarta y quinta (George Washington, Thomas Jefferson y John Adams). Una vez cerradas las urnas, se cuentan los votos del primer puesto. Si un candidato obtiene más del 50% de los votos en primer lugar (una mayoría real), la elección ha terminado. Pero supongamos que Alexander Hamilton obtiene sólo el 33% y Abigail Adams el 32%. En el sistema actual de votación por pluralidad, Hamilton ganaría. Pero con la elección por orden de preferencia, la elección aún no ha terminado. Dado que ningún candidato obtuvo una mayoría real, el candidato en último lugar -digamos que es Thomas Jefferson- queda eliminado. Pero los votos emitidos a favor de Jefferson no se desperdician; se transfieren automáticamente a la segunda opción de los votantes de Jefferson. Si un número suficiente de sus partidarios eligió a George Washington en segundo lugar, la redistribución de esos votos empuja a Washington por encima del umbral del 50%, convirtiéndolo en el ganador final con el apoyo popular más amplio. La votación por orden de preferencia puede parecer poco familiar, pero no es una idea nueva. En 2002, el senador por Arizona John McCain instó a los ciudadanos de Alaska a apoyar una medida electoral para adoptar la innovación en ese estado. Ese mismo año, el senador por el estado de Illinois, Barack Obama, patrocinó una ley para adoptar el voto por orden de preferencia en las primarias estatales y del Congreso. Aunque ambas propuestas se adelantaron a su tiempo y ninguna fue aprobada, ahora se abre la ventana para el cambio. El modelo de votación de los cinco finalistas -la combinación de las primarias de los cinco primeros y la votación por orden de preferencia en las elecciones generales- elimina los problemas del "ojo de la aguja" y del "aguafiestas" que hemos descrito antes. Por lo tanto, creemos que es la forma más prometedora y eficaz de crear incentivos para que los legisladores trabajen por el interés público y de abrir los campos de elección del Congreso a una competencia nueva y dinámica, cuya amenaza hará que los cargos electos sean más responsables ante los votantes por los resultados. El voto directo no trata tanto de cambiar a quién se elige como de cambiar los incentivos que rigen el comportamiento de quienes ocupan los cargos. Se trata de los beneficios de una competencia sana en el mercado de la política pública. Recordemos un poderoso ejemplo de una carrera presidencial. En 1992, Ross Perot se presentó a la presidencia con una plataforma de reducción de la deuda. Aunque muchos recuerdan a Perot como un aguafiestas, el análisis del célebre periodista especializado en ciencia de datos Nate Silver sugiere que Perot atrajo votos por igual de ambos partidos y, por tanto, no afectó al resultado de las elecciones. Pero su candidatura no careció de impacto. Un 19% de los votantes estaban dispuestos a "desperdiciar sus votos" en Perot porque su mensaje de responsabilidad fiscal resonó profundamente. Y aunque eso no fue suficiente para enviarle a la Casa Blanca, esos votos influyeron significativamente en la política pública. Sin la competencia por su 19% del electorado, ni demócratas ni republicanos habrían tenido el incentivo político para lograr los cuatro presupuestos equilibrados que vimos durante la administración Clinton. La competencia electoral produjo resultados políticos sin siquiera cambiar quién ganó. Y vale la pena señalar que nunca hemos tenido un superávit desde entonces. Un consenso emergente En 2019, realizamos una encuesta entre antiguos alumnos de la Harvard Business School y encontramos un apoyo abrumador a cambios que alterarían drásticamente el papel de las empresas en la política. Las preguntas de la encuesta eran por diseño simplistas y en blanco y negro, pero insinúan un consenso emergente. PREGUNTA DE LA ENCUESTA De acuerdo En desacuerdo Las empresas deben participar en la política para mejorar el entorno empresarial general y promover el interés público, no para apoyar intereses especiales que reduzcan las normas o distorsionen la competencia. 74% 13% Las asociaciones comerciales deberían centrarse más en mejorar el entorno empresarial general y menos en promover los intereses de las empresas miembro. 69% 17% La comunidad empresarial (tanto las empresas como las asociaciones comerciales) debería gastar menos en grupos de presión. 67% 12% Las empresas deberían reconsiderar los niveles de gasto corporativo en las elecciones y canalizar el apoyo a los candidatos que resuelven problemas, no a los partidistas. 59% 26% Las empresas no deberían seguir animando a sus empleados a votar a los candidatos preferidos de la empresa en las elecciones. 81% 9% Las empresas ya no deberían animar a los empleados a contribuir directamente a los candidatos preferidos de las empresas en las elecciones. 81% 8% Las empresas deberían dejar de comprar resultados favorables en las votaciones mediante fuertes gastos. 73% 14% Las empresas deberían dejar de apoyar la puerta giratoria de antiguos funcionarios del gobierno que se unen a las empresas con fines de cabildeo. 74% 11% Las empresas deberían ser más transparentes sobre la naturaleza de los grupos de presión, el gasto electoral y otras prácticas de compromiso político. 88% 4% La comunidad empresarial debería apoyar activamente reformas que reduzcan el partidismo y alineen las normas electorales, de gobierno y de financiación de campañas (entre otras) con los principios democráticos. 79% 8% Las filas no suman 100% porque algunos alumnos seleccionaron "ni de acuerdo ni en desacuerdo" o "no sabe" como respuesta. Al crear una competencia sana, la votación de los cinco finalistas ofrece lo mejor del libre mercado: innovación, resultados y responsabilidad. Llámelo política de libre mercado. Estos cambios electorales pueden lograrse, mediante legislación estatal o iniciativas electorales, en cuestión de años. Si sólo cinco estados enviaran a Washington delegaciones elegidas mediante votación final de cinco, tendríamos 10 senadores y (dependiendo de qué estados adoptaran los cambios) más de 50 representantes elegidos con nuevos incentivos para abordar los problemas, aunque muchos fueran titulares que regresan. Estos miembros podrían servir de nuevo punto de apoyo: actuar, comprometerse, resolver problemas y oponerse a un dominio binario del gobierno. Una vez que nuestras elecciones gocen de buena salud, el siguiente paso será sustituir las reglas, prácticas y normas hinchadas y anticuadas de la legislación por un enfoque moderno diseñado desde la base para fomentar la resolución de problemas entre partidos. Innovación de la maquinaria legislativa. Basándonos en la práctica de gestión consagrada por el tiempo de la presupuestación de base cero (que exige que todos los gastos se justifiquen en función del valor previsto, no de los precedentes históricos), proponemos la elaboración de normas de base cero. Deje a un lado el Reglamento de la Cámara de Representantes, el Reglamento Permanente del Senado, la Autoridad y el Reglamento de las Comisiones del Senado, etc., todos los cuales han sido cooptados y convertidos en armas a lo largo de las décadas para permitir el control partidista. Y deje a un lado las costumbres que crean estrados, guardarropas y comedores separados para demócratas y republicanos y que sientan a la cámara según el partido. Entonces, empiece con una pizarra en blanco. Esto podría parecer una tarea difícil, casi imposible, dados los supuestos requisitos constitucionales sobre el funcionamiento del Congreso. Pero, de hecho, sólo seis breves párrafos de la Constitución están dedicados a cómo deben funcionar la Cámara y el Senado; el resto ha sido inventado por los miembros a lo largo del tiempo. Los libros de normas de la Cámara y el Senado tienen cientos de páginas, y muchas normas han sido diseñadas no para resolver problemas, sino para servir a fines de poder partidista. Necesitamos un nuevo libro de reglas y, para ello, estamos entablando conversaciones preliminares con posibles convocantes para una comisión sobre innovación de la maquinaria legislativa. En conjunto, estas innovaciones críticas inyectarán una competencia sana en la industria de la política. En lugar de la perversa estructura de incentivos actual, actuar en interés público aumentará la probabilidad de ser reelegido. Los líderes empresariales deberían desplegar sus recursos e influencia para apoyar estas innovaciones políticas y, paralelamente, reimaginar las propias prácticas empresariales para el compromiso político. Reescribir el libro de jugadas de las empresas Los esfuerzos de las empresas por desempeñar un papel positivo y más visible en la sociedad están creciendo rápidamente. Las empresas y sus CEO, animados por los grandes inversores y las principales instituciones empresariales, están empezando a adoptar un propósito corporativo que va más allá de maximizar el valor para el accionista para beneficiar a todos los stakeholder. Están haciendo algo más que limitarse a informar sobre las normas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo que ha tenido un impacto limitado, y están integrando realmente las necesidades y los retos sociales en la estrategia central, lo que llamamos crear valor compartido. Las empresas están reconociendo que no tiene por qué haber necesariamente un conflicto entre el impacto social y la ventaja competitiva, sino más bien una poderosa sinergia. La lista anual de Fortune de Empresas que Cambian el Mundo ofrece ejemplos destacados. Hasta ahora, el enfoque de las empresas a la hora de abordar las necesidades sociales se ha concentrado en áreas como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de las prestaciones sanitarias de los empleados y, más recientemente, la garantía de un salario digno y la mejora de la formación y el desarrollo profesional de los trabajadores con rentas más bajas. Son pasos bienvenidos, pero hay que hacer más. ¿Son estos vientos de cambio, junto con el fracaso de nuestra democracia para resolver muchos de nuestros retos económicos y sociales más importantes, lo suficientemente fuertes como para cambiar fundamentalmente la forma en que las empresas se involucran en la política? Creemos que deben serlo. En la encuesta de antiguos alumnos de HBS de 2019, también planteamos una serie de preguntas sobre cómo deberían abordar las empresas el sistema político en el futuro. Los antiguos alumnos dijeron que apoyaban cambios que alterarían fuertemente el libro de jugadas: gastar menos en grupos de presión y elecciones, acabar con la puerta giratoria y revelar el gasto político. (En una encuesta realizada entre el público en general, los encuestados expresaron sentimientos similares). Las preguntas y normas incluidas en la encuesta a los antiguos alumnos eran por diseño simplistas y en blanco y negro, y se beneficiarán de un desarrollo significativo para ser útiles en la práctica. Aún así, insinúan un consenso emergente sobre un nuevo papel de las empresas en la política. Romper con las prácticas políticas tradicionales de las empresas seguramente desencadenará cierta controversia, y somos conscientes de que es mucho más fácil para los ejecutivos rellenar una encuesta que cambiar comportamientos. Sin embargo, la disminución de la confianza en las empresas, el creciente deseo de los empleados y directivos más jóvenes de trabajar para empresas que desempeñan un papel positivo en la sociedad y la adopción de un propósito corporativo crean un momento oportuno. Alentados por los resultados de esta encuesta, nuestra continua investigación y las conversaciones con los líderes empresariales, hacemos un llamamiento para debatir enérgicamente nuevas normas voluntarias para el compromiso de las empresas con la política y el gobierno. Confiamos en que unas normas más refinadas recibirían un apoyo empresarial aún mayor que las esbozadas en nuestra encuesta inicial, y creemos que este esfuerzo será bien acogido por muchos stakeholders clave. CONCLUSIÓN La pandemia del Covid-19 se está desarrollando mientras escribimos esto, y la respuesta debe ser de una escala sin precedentes. Tampoco debemos dejar de aprender la lección de los fracasos políticos que precedieron y acompañaron a la crisis. A posteriori, los costosos esfuerzos de recuperación necesarios por errores devastadores y evitables -y en el caso del Covid-19 un número aún desconocido de víctimas- no deben ser lo mejor que podamos hacer. No hay mayor amenaza para la competitividad económica y el progreso social de Estados Unidos -no hay mayor amenaza para la combinación de economías de libre mercado y democracias liberales que ha proporcionado más avances humanos que ningún otro sistema- que nuestra aceptación pasiva de un sistema político fracasado. Los líderes empresariales no tolerarían semejante actuación en ninguna de sus organizaciones. Al contrario, diagnosticarían el problema, diseñarían una solución, actuarían y lo arreglarían. Los líderes empresariales, junto con otros ciudadanos, pueden y deben hacer lo mismo con nuestra política. Ahora

Arreglar la política estadounidense

Resumen.

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