¿Quién va a regular la IA?

En su comparecencia ante el Congreso el 16 de mayo, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, afirmó que ya es hora de que los reguladores empiecen a poner límites a los potentes sistemas de IA. "A medida que avanza esta tecnología, comprendemos que la gente esté ansiosa por saber cómo podría cambiar nuestra forma de vivir. Nosotros también lo estamos", declaró Altman ante un comité del Senado. "Si esta tecnología sale mal, puede salir bastante mal", dijo, afirmando que podría causar "un daño significativo al mundo". Coincidió con los legisladores en que la supervisión gubernamental será fundamental para mitigar los riesgos. Un tema que apenas aparecía en los radares de los legisladores hace un año, los gobiernos de todo el mundo debaten ahora ferozmente los pros y los contras de regular o incluso prohibir algunos usos de las tecnologías de inteligencia artificial. Sin embargo, la cuestión en la que deberían centrarse los líderes empresariales en este momento no es cómo o incluso cuándo se regulará la IA, sino por quién. El hecho de que el Congreso, la Comisión Europea, China o incluso los estados o los tribunales estadounidenses tomen la iniciativa determinará tanto la velocidad como la trayectoria de la transformación de la economía mundial por la IA, protegiendo potencialmente a algunas industrias o limitando la capacidad de todas las empresas de utilizar la tecnología para interactuar directamente con los consumidores. Desde el lanzamiento en noviembre de 2022 de ChatGPT de OpenAI, su chatbot de IA generativa construido sobre una gran red neuronal de modelos de lenguaje (LLM) autoperfeccionable, el uso de la IA generativa se ha disparado. Según los datos recopilados por Statista, ChatGPT alcanzó el millón de usuarios en cinco días, arrasando con las presentaciones de productos de Internet que antes se hacían a velocidad de vértigo, como Facebook, Spotify y Netflix. Midjourney y DALL-E, LLM que crean ilustraciones personalizadas a partir de las aportaciones de los usuarios, también han explotado en popularidad, generando millones de imágenes cada día. La IA generativa cumple sin duda los criterios de lo que uno de nosotros defin ió anteriormente como un "Big Bang disruptivo": una nueva tecnología que, desde el momento de su lanzamiento, ofrece a los usuarios una experiencia que es a la vez mejor y más barata que aquellas con las que compite. Una adopción tan notable es, naturalmente, motivo de entusiasmo y, para las empresas ya establecidas, de alarma. El potencial de las LLM parece ilimitado, tal vez revolucionándolo todo, desde la búsqueda hasta la generación de contenidos, desde el servicio al cliente hasta la educación, y bueno, lo que se le ocurra. A diferencia de los Big Bang disruptivos más selectivos, ChatGPT y otros LLM son uber-disruptivos, que rompen las reglas establecidas desde hace tiempo no sólo en una industria, sino en todas ellas. Al mismo tiempo. Dada la escala potencial de esta disrupción -así como cuestiones como la privacidad, la parcialidad e incluso la seguridad nacional- es razonable que los legisladores tomen nota. Piense en el poema de Goethe "El aprendiz de brujo", animado en la película clásica de Disney Fantasía, donde el brujo regresa a su taller para descubrir que su aprendiz ha desatado fuerzas que rápidamente se han descontrolado, amenazando con destruir todo lo que esté a la vista hasta que el mago restablezca el orden. Muchos de los preocupados por las posibles consecuencias imprevistas de la IA, entre los que se incluyen desarrolladores como Altman, están buscando legisladores que desempeñen el papel del hechicero. Aquí viene todo el mundo En Estados Unidos, múltiples actores se disputan liderar la regulación de la IA. En primer lugar, está el Congreso, donde el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, está pidiendo una legislación preventiva para establecer "guardarraíles" reguladores sobre los productos y servicios de IA. Los guardarraíles se centran en la transparencia de los usuarios, los informes gubernamentales y "alinear estos sistemas con los valores estadounidenses y garantizar que los desarrolladores de IA cumplan su promesa de crear un mundo mejor". La vaguedad de esta propuesta, sin embargo, no es prometedora. En segundo lugar, está la Administración Biden, en la que existe cierta competencia entre las agencias federales para poner en práctica un anteproyecto de la Casa Blanca para una Declaración de Derechos de la IA, que se presentó el pasado mes de octubre. El anteproyecto es igualmente general, y pide a los desarrolladores que garanticen sistemas "seguros y eficaces" que no discriminen ni violen las expectativas de privacidad y que expliquen cuándo un usuario está interactuando con un sistema automatizado y ofrezcan "alternativas" humanas a los usuarios que las soliciten, sin definir, al menos hasta ahora, ninguno de estos términos clave. En el Departamento de Comercio, la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) ha abierto una investigación sobre la utilidad de las auditorías y certificaciones para los sistemas de IA. La agencia ha solicitado comentarios sobre docenas de cuestiones acerca de la responsabilidad de los sistemas de IA, incluyendo si las nuevas aplicaciones deben ser evaluadas, certificadas o auditadas, cuándo, cómo y por quién, y qué tipo de criterios incluir en estas revisiones. En este caso, la especificidad de la indagación parece ir en la dirección correcta. Por su parte, la presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Kahn, está adoptando un enfoque diferente, afirmando que su agencia ya tiene jurisdicción sobre las aplicaciones de IA, y haciendo sonar los sables anticompetitivos y de protección del consumidor de la agencia en dirección a la nueva tecnología. Kahn especula con que la IA podría exacerbar los problemas existentes en la tecnología, entre ellos "la colusión, la monopolización, las fusiones, la discriminación de precios y los métodos desleales de competencia". La IA generativa, cree también el presidente de la FTC, "corre el riesgo de turboalimentar el fraude" con su capacidad para crear contenidos falsos pero convincentes. Y, señala, la IA generativa podría -intencionadamente o no- violar las leyes vigentes sobre privacidad y antidiscriminación al elaborar respuestas a las solicitudes de los usuarios basadas en conjuntos de datos sesgados. Además, hay más esfuerzos provinciales: Ya se ha presentado legislación relacionada con la IA en al menos 17 estados. Algunas de estas leyes propuestas incentivarían el desarrollo local de productos de IA, mientras que otras limitarían su uso en aplicaciones como la atención sanitaria y la contratación. Muchos estados han creado o están considerando crear sus propios grupos de trabajo para recomendar futuras legislaciones. Hasta ahora, hay pocos detalles específicos en cualquiera de estas propuestas, y los tipos de daños hipotéticos de la IA caen dentro de categorías ya existentes, como la desinformación y el abuso de los derechos de autor y de las marcas registradas. En cualquier caso, es probable que los reguladores tengan poco impacto en el desarrollo de la tecnología a corto plazo. Muchas de las normativas propuestas requerirían que el Congreso otorgara autoridad legal adicional a las agencias, lo que parece poco probable en el clima político actual. Incluso entonces, la aplicación de las nuevas normas será competencia de los tribunales, lo que se traduce en años de proceso moliente. Y los gobiernos han tenido históricamente problemas para atraer el tipo de conocimientos técnicos necesarios incluso para definir los tipos de nuevos daños que pueden causar las LLM y otras aplicaciones de la IA. Entre las propuestas federales, hay que dar crédito al Departamento de Comercio por plantear las preguntas adecuadas. Pero no está claro si la secretaria Gina Raimondo tiene la autoridad legal para crear un proceso de certificación sostenible, o la influencia política para conseguir que la industria tecnológica apoye los esfuerzos de la NTIA. Además, como reconoce el Departamento, su investigación es sólo una parte del esfuerzo más amplio de la Casa Blanca para crear un entorno de confianza para los servicios de IA, un objetivo que requeriría niveles nunca vistos de coordinación y cooperación entre numerosos silos gubernamentales. Estas discusiones también se están produciendo con el telón de fondo de cambios monumentales en la legislación estadounidense que probablemente determinarán quién ganará finalmente el papel de principal regulador de la IA. Las recientes decisiones del Tribunal Supremo han alterado drásticamente el panorama jurídico del derecho empresarial, trasladando el poder de los reguladores federales a los tribunales y a los estados, lo que añade aún más fragmentación, incertidumbre y retrasos a las acciones de aplicación de la ley. El Tribunal ha dado luz verde a las empresas que esperan impugnar la elaboración de normas por parte de las agencias, por ejemplo, exigiendo instrucciones más específicas al Congreso, externalizando de hecho a los jueces federales la decisión final sobre si las normas adoptadas entrarán alguna vez en vigor. Mientras tanto, por supuesto, la tecnología seguirá evolucionando a su propio ritmo acelerado. En conjunto, estas limitaciones sugieren que es más probable que las principales normativas lleguen primero de fuera de Estados Unidos. Para la ley de competencia, y su aplicación a las empresas tecnológicas en particular, el impulso de las últimas décadas ya se ha trasladado de EE.UU. a Europa. Mientras la UE sigue aprobando una nueva legislación sustancial sobre Internet, el Congreso vacila, dejando a la FTC y a otras agencias federales en gran medida sin las herramientas ni los recursos para competir con sus homólogos europeos. El Parlamento Europeo aprobó recientemente la Ley de IA, un estatuto de 100 páginas que prohibiría de forma preventiva las aplicaciones consideradas con niveles de riesgo "inaceptables", obligaría a otras a obtener una aprobación previa y licencias antes de su uso en la UE e impondría multas sustanciales a los desarrolladores por una serie de infracciones. Los reguladores de China también se están moviendo con rapidez, tanto para incentivar los productos y servicios de IA creados en el país como para definir cómo pueden y no pueden operar. Esto no sólo podría limitar la forma en que las empresas no chinas interactúan con más de mil millones de potenciales usuarios chinos, sino que, al ser las primeras, podría convertirse en el régimen legal de facto para futuras aplicaciones. Lo que las empresas deben hacer ahora No está nada claro que cualquier combinación de acción gubernamental -legislativa, reguladora o judicial- pueda realmente lograr el acto de equilibrio de maximizar el valor de la IA y minimizar al mismo tiempo su daño potencial para la economía o la sociedad en general. Como ocurre con todas las tecnologías revolucionarias, es casi seguro que la capacidad de los gobiernos para regular eficazmente la IA se quedará corta. Esto no es ninguna crítica a los legisladores y reguladores, sino un efecto secundario del hecho básico de que el derecho avanza de forma incremental mientras que la tecnología evoluciona exponencialmente. Mientras tanto, los líderes empresariales y los académicos deberían seguir el ejemplo de la iniciativa en curso del Departamento de Comercio y empezar a desarrollar reguladores, auditorías y procesos de certificación no gubernamentales que identifiquen y proporcionen incentivos de mercado para adquirir productos y servicios de IA éticos y de confianza, dejando claro qué aplicaciones son y cuáles no son fiables. Existe, por supuesto, una larga historia de organismos autorreguladores con éxito (y sin éxito), que se remonta hasta la Edad Media y los "tribunales" mercantiles que hacían cumplir las normas de los mercados medievales. Hoy en día, numerosos grupos, incluida la Organización Internacional de Normalización, desarrollan y certifican el cumplimiento por parte de las empresas de una gama notablemente amplia de normas, mejores prácticas y clasificaciones. En la era de la información, esfuerzos similares han abordado desde las normas corporativas para tratar con regímenes autoritarios hasta el desarrollo del propio software y los protocolos que conforman la propia Internet. Cierta regulación gubernamental es inevitable. Aun así, la forma más prometedora de no provocar al brujo sería evitar hacer un lío demasiado grande en primer lugar.

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