Resumen.
En 1976, cinco mujeres negras iniciaron un pleito contra General Motors, alegando que las prácticas laborales de la empresa violaban el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. El caso pretendía abordar la compleja discriminación a la que se enfrentaban las mujeres negras, que se veían especialmente desfavorecidas por las políticas de despido "último contratado-primer despedido" de la empresa. Los demandantes sostenían que, aunque General Motors empleaba a hombres negros y a mujeres blancas, las mujeres negras se enfrentaban a una forma de discriminación agravada no reconocida explícitamente por los estatutos legales existentes. El tribunal reconoció la presencia de discriminación, pero se resistió a la idea de combinar la discriminación por raza y por género en un argumento jurídico singular, argumentando que tal combinación iría más allá del ámbito original de la Ley de Derechos Civiles.