Carlos Ghosn, Nissan y la necesidad de un gobierno corporativo más fuerte en Japón

Carlos Ghosn fue ampliamente reconocido como un héroe en Japón por dar la vuelta a Nissan cuando estaba al borde de la quiebra en 1999. Hoy las cosas no podrían ser más diferentes. Ghosn fue arrestado recientemente por mala conducta financiera, despedido de su puesto como presidente del consejo de administración de Nissan y criticado por el CEO japonés de Nissan por acumular demasiado poder. Sin Ghosn, es probable que la alianza Nissan-Renault se tambalee, dejando a dos pequeños fabricantes de automóviles sin economías de escala competitivas. La rápida caída de Ghosn es el resultado de una causa penal japonesa contra él por hacer que Nissan realizara divulgaciones de valores incompletas sobre su compensación diferida. Estos problemas de divulgación tienen su origen en los débiles procedimientos de gobernanza de la empresa, y ofrecen una lección a los inversores de otras empresas cotizadas de Japón sobre la necesidad de unas protecciones de gobernanza mucho más fuertes que las que han traído las recientes reformas japonesas. El núcleo de la controversia legal es si Nissan violó las leyes de valores de Japón al no incluir la compensación diferida de Ghosn en sus informes anuales durante los últimos ocho años. Según el acuerdo de compensación diferida de Ghosn, éste recibiría importantes pagos de Nissan tras su jubilación, el equivalente a 44 millones de dólares. Dichos pagos no estaban sujetos a impuestos cuando se realizó este acuerdo, pero pasarían a estarlo cuando Ghosn los recibiera realmente. Desde 2009, todas las empresas japonesas que cotizan en bolsa están obligadas a revelar en sus informes anuales la remuneración de un ejecutivo si supera los 100 millones de yenes, el equivalente a 800.000 dólares. Esta norma fue impulsada por el nuevo director de la Agencia de Servicios Financieros de Japón, un crítico declarado de las elevadas retribuciones concedidas a los ejecutivos de las empresas. Según esta Agencia, la remuneración de los ejecutivos incluye las primas de jubilación, que deben hacerse públicas una vez fijada su cuantía. Pero un abogado de Greg Kelly, antiguo ejecutivo de Nissan que consultó a expertos externos sobre los acuerdos de retribución diferida de Ghosn, declaró que su cliente creía que los pagos debidos a Ghosn no eran "fijos" en su cuantía y, por tanto, no eran revelables. No obstante, un artículo publicado en el Nikkei Asian Review afirmaba que los fiscales japoneses habían obtenido documentos internos de Nissan que supuestamente demostraban que los importes de los pagos aplazados a Ghosn eran fijos y, por tanto, sujetos a divulgación. Si estos documentos existen realmente, plantean cuestiones fundamentales sobre el papel de la empresa en cualquier violación de valores y el fracaso de sus procedimientos de gobernanza. Estas preguntas deberían preocupar a todos los inversores en empresas japonesas que cotizan en bolsa, ya que muchas empresas públicas japonesas han explorado estrategias para reducir la cantidad de la paga del CEO incluida en sus informes anuales. Como explicó un contable afincado en Japón durante 2010, "hubo una gran avalancha de consultas sobre planes que podrían utilizarse para repartir los salarios o aplazar parte de ellos". Si los documentos internos de Nissan muestran que la compensación diferida de Ghosn era de cuantía "fija", ¿por qué el Director Financiero no incluyó estos pagos en sus informes anuales durante ocho años? ¿No tenía Nissan controles internos diseñados para garantizar la exactitud e integridad de sus declaraciones públicas? ¿Y no cotejaron los auditores independientes de Nissan las revelaciones de su informe anual con los registros de compensación de su ejecutivo mejor pagado? Empecemos por la última pregunta. El auditor independiente de Nissan era la filial japonesa de Ernst &Young, que actuó como auditor externo de dos empresas japonesas implicadas recientemente en importantes fraudes contables: Olympus y Toshiba. Nissan no cuenta con un comité de auditoría, que estaría obligado a nombrar a su auditor independiente y a revisar sus procedimientos de auditoría según las leyes de la mayoría de los países industriales avanzados. En su lugar, el auditor independiente es elegido de hecho por el presidente de la empresa, sujeto a la aprobación del consejo. Como resultado, a la hora de pronunciarse sobre los informes financieros de la empresa, ese auditor puede ser demasiado deferente con la dirección de Nissan. Otro problema es que el consejo de administración de Nissan no tiene un comité de compensación, que decidiría la remuneración de los altos ejecutivos de la empresa según las leyes de la mayoría de los países industriales avanzados. El consejo tampoco emite un informe de compensación, que explique los fundamentos y las métricas para fijar la remuneración de los ejecutivos. Aunque Ghosn afirmaba que el consejo es "soberano"a la hora de fijar su salario, Ghosn disponía de un enorme margen de maniobra para determinar la cuantía y la estructura de su remuneración. Su discrecionalidad socavó la conexión entre los resultados de la empresa y la retribución del CEO que los inversores quieren ver. El consejo de Nissan tampoco tiene comité de nombramientos; su presidente elige a los consejeros independientes, sujetos a la aprobación del consejo. Por el contrario, las leyes de la mayoría de los países industriales avanzados exigen que el consejo esté compuesto por una mayoría de consejeros independientes, que son entrevistados y recomendados por su comité de nombramientos. El propósito de un comité de nombramientos es garantizar que los directores sean seleccionados en función de su competencia e independencia, más que por su amistad con la dirección. Desde 2002, a las empresas japonesas que cotizan en bolsa se les permite tener tres comités en el consejo: auditoría, compensación y nominación. Sin embargo, mi análisis de 3.803 de estas empresas muestra que sólo el 22% tenía un comité de auditoría y menos del 1% tenía los tres comités. En 2015, Japón reformó su código de gobierno corporativo para exigir que los consejos tuvieran al menos dos consejeros independientes. Nissan fue una de las 11 empresas del TOPIX 500 de Japón que se resistió a esta reforma. En 2015, Nissan tenía un director externo, pero era un antiguo ejecutivo de Renault y no era realmente independiente debido a la alianza Nissan-Renault. Hasta abril de 2018, Nissan no incorporó a dos nuevos consejeros independientes, aunque ambos carecían de experiencia empresarial o de gestión: uno era piloto de carreras y el otro era un antiguo burócrata japonés, jefe de la Oficina de Política Comercial Internacional. Tras el inicio de la investigación sobre Ghosn, Nissan sí aprobó la creación de un comité asesor, compuesto íntegramente por directores independientes. Aunque este tipo de comités se han hecho populares en Japón bajo su nuevo código de gobernanza, no tienen poder real para tomar decisiones corporativas, como cambiar la estructura del consejo de administración de Nissan. Un último problema para el gobierno corporativo japonés son las amplias participaciones cruzadas de acciones entre empresas con estrechas relaciones comerciales, como distribuidores o proveedores. Estas participaciones cruzadas hacen que sea muy difícil para los accionistas no afiliados responsabilizar a la dirección por sentarse sobre montones improductivos de efectivo o un rendimiento financiero inferior a través de un concurso de apoderados o una oferta pública de adquisición. Aunque Ghosn fue un firme crítico de las participaciones cruzadas japonesas, la alianza Nissan-Renault sigue siendo un ejemplo notable de esta práctica. Renault tiene una posición con derecho a voto del 43% en Nissan; a su vez, Nissan tiene una posición sin derecho a voto del 15% en Renault. Dado que Renault tiene el control de facto de Nissan, los accionistas públicos no disponen de ningún medio eficaz para frenar el mal comportamiento de Ghosn o de otros ejecutivos de Nissan. El Ratio de participaciones cruzadas sobre el total de acciones de las empresas japonesas (excluidas las acciones en manos de aseguradoras) ha caído de media del 35% en 1990 al 10% en 2016, según Nikko Asset Management. Por otro lado, la Asociación Japonesa de Pensiones afirma que al menos un tercio de las acciones de las empresas japonesas que cotizan en bolsa están en manos de inversores "leales" -entre los que se incluyen aseguradoras y bancos, así como empresas matrices, familias de fundadores y otras empresas afiliadas- que casi siempre votan con la dirección de la empresa. En junio de 2018, la Bolsa de Tokio introdujo una versión revisada del Código de Gobierno Corporativo, que anima encarecidamente a las empresas japonesas que cotizan en bolsa a reducir sus participaciones cruzadas. Si eso ocurre, los accionistas tendrían más posibilidades de exigir responsabilidades a la dirección en caso de mala conducta grave de los ejecutivos o de malos resultados de la empresa. Sea cual sea el resultado de la investigación penal sobre Ghosn, demuestra la necesidad de que las empresas japonesas que cotizan en bolsa cuenten con diferentes estructuras de comités. El consejo de estas empresas debería contar con una mayoría de consejeros verdaderamente independientes y cualificados, que deberían constituir la mayoría de sus comités de nombramientos, auditoría y compensación. El comité de nombramientos debe encontrar y recomendar nuevos consejeros; el comité de auditoría debe nombrar al auditor externo y revisar los controles internos de la empresa; y el comité de compensación debe establecer de antemano los criterios para la remuneración de los ejecutivos y explicar los resultados a los accionistas. Si los procedimientos de gobernanza de Nissan hubieran seguido estas recomendaciones, probablemente podría haber evitado el reciente escándalo. En resumen, Japón ha dado algunos pasos significativos para mejorar los procedimientos de gobernanza de sus empresas cotizadas. Pero a la mayoría de estas empresas aún les queda camino por recorrer para alcanzar las mejores prácticas mundiales de gobierno corporativo.

Carlos Ghosn, Nissan y la necesidad de un gobierno corporativo más fuerte en Japón

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